Una segunda oportunidad
En el Brasil, un servicio de reinserción de expresos ayuda a reconstruir sus vidas
El brasileño Lauro José Dos Santos, de 40 años, trabaja como ayudante de servicios generales en la capital de la provincia de Mato Grosso, donde reconstruye su vida tras 12 años de cárcel y busca, ahora, formar una familia y tener su propia casa.
Hace tres años, cuando salió de la penitenciaría, no tenía dónde vivir, no mantenía contacto con familiares, no disponía de documento de identidad y estaba emocionalmente inestable a causa del uso abusivo de alcohol y drogas.
Hoy, pensando en retrospectiva, atribuye su recuperación a la Oficina Social, un servicio que atiende a egresados del sistema penitenciario, proveyendo acceso a la red de apoyo en áreas como cualificación profesional, vivienda, documentación y salud.
“Salí de prisión en 2019 y pedí ayuda. Desde entonces, la Oficina Social me ha apoyado tanto en la atención psicológica como en la social. Llegué aquí y vi que las puertas estaban abiertas. Me trataron muy bien y me mostraron que hay una segunda oportunidad”, relata.
Lauro va una vez a la semana a la Oficina Social de Cuiabá, la capital de Mato Grosso, ubicada en el barrio de Buena Esperanza, para asistir a cursos profesionales y conversar con psicólogos. Fue allí donde obtuvo información sobre cómo abrir una cuenta corriente, un requisito previo para ocupar una de las vacantes disponibles por el servicio.
Creado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en 2016 y presente en casi todas las Unidades de la Federación del Brasil, la Oficina Social es un equipo público administrado conjuntamente por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La expansión y la optimización del servicio forman parte del programa Haciendo Justicia, que es una alianza del CNJ y el PNUD y cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública por medio del Departamento Penitenciario Nacional (Depen).
El servicio es responsable de la acogida y encaminamiento de las personas egresadas o pre-egresadas del sistema penitenciario, con servicios de asistencia a la salud, psicosocial, amparo a las familias del egreso, capacitación y encaminamiento profesional y educativo.
“La primera fase de la atención es la acogida, que sirve para identificar las demandas del egreso. Muchas veces, llegan diciendo que quieren trabajar, pero es visible que aún no lo consiguen, debido a cuestiones psicológicas o uso abusivo de sustancias”, explica la directora ejecutiva de la Oficina Social de Cuiabá, Beatriz Dziobat.
“De esta forma, evaluamos la situación real, con atención personalizada. Les ofrecemos, de manera voluntaria, alojamiento, atención psicológica y de salud en el Centro de Referencia de Asistencia Social (CRAS)”, continúa.
“También entramos en contacto con la familia, hacemos la inscripción de cursos profesionales y, solo después de eso, los encaminamos en cuanto a vacantes de trabajo. Con bastante frecuencia, tenemos que llevarlos personalmente al Centro de Atención Psicosocial (CAPS), en el caso de personas con trastornos mentales”, subraya.
La población carcelaria de Mato Grosso es de unas 12.000 personas. La Oficina Social de Cuiabá ha atendido, desde marzo de 2022, cerca de 500. De ese total, al menos 70 permanecen en seguimiento ordinario. Algunos profesionales hacen búsqueda activa de los egresados para confirmar que están de hecho siendo atendidos por los servicios de salud y yendo al trabajo.
“Lauro llegó aquí en situación de grave alcoholismo, llorando porque no tenía donde vivir. En estos casos, no sirve de nada entrar de manera inmediata en el mercado laboral. Estamos haciendo el seguimiento de cerca: él trae el comprobante de que estuvo en el CAPS, hace tratamiento para uso abusivo de alcohol y drogas, tratamiento psicológico y de medicamentos”, explica Dziobat.
La mayoría de los egresados atendidos por la Oficina Social de Cuiabá son hombres, con edades entre 30 y 40 años, personas afrodescendientes y con baja escolaridad, y algunos incluso son analfabetos. La falta de escolarización es uno de los desafíos del servicio, ya que muchas vacantes requieren educación primaria o secundaria completa. Además, se estima que el 90 % de los egresados llegan sin documento de identificación.
La Oficina Social ofrece cursos profesionales, como para trabajar en un almacén, en una pastelería, como electricista, en un taller mécanico o en temas de computación. Los contratistas son órganos públicos y empresas con contratos con el poder público y que tienen la obligación de destinar vacantes a egresados, tanto del régimen abierto como semiabierto. El servicio también los dirige a la Enseñanza de Jóvenes y Adultos (EJA).
“Estoy alejado un poco de la familia hasta que mejore de vida para volver a mi lugar”
Natural de la provincia de Mato Grosso do Sul, Lindomar Ferreira Barbosa, de 37 años, salió del sistema penitenciario en marzo de este año, buscó la Oficina Social y hoy trabaja como ayudante de servicios generales para la Municipalidad de Cuiabá barriendo calles y aceras.
Nacido en Campo Grande, la capital, Lindomar salió de casa a los 12 años y, desde entonces, ya vivió en São Paulo y Goiânia. “He caminado mucho por el Brasil. Hoy estoy aquí, viviendo en una barraca en el barrio de San Mateo. […] Estoy alejado un poco de la familia hasta que mejore de vida para volver a mi lugar”, declara.
El alejamiento de la familia es algo característico entre los egresados del sistema penitenciario atendidos por la Oficina Social de Mato Grosso. En este sentido, los profesionales del servicio realizan una búsqueda activa de familiares dispuestos a reanudar el contacto. Este fue el caso de Luiz Eduardo de Souza, de 38 años, que hoy trabaja en el sector de la jardinería.
“Cuando salí del sistema, la Oficina Social me llamó para presentarme el proyecto. Es un proyecto muy bueno, me ha ayudado mucho, porque también me involucré con cosas malas, caminé con personas equivocadas, tomé drogas. Eso terminó alejándome de la familia, de la sociedad. La gente acaba perdiendo la dignidad como ciudadano”, revela.
“Conforme yo empecé a venir aquí, las conferencias fueron abriéndome la mente, poniendo mi cabeza en su lugar y, hoy en día, ya tengo empleo, voy a empezar a hacer un curso de electricista y conseguí, gracias a Dios, recuperar a mi familia, que era lo que yo más quería”, afirma. Él también recibe canastas básicas y vales de transporte para poder desplazarse hasta el trabajo.
Para el coordinador del Grupo de Monitoreo y Fiscalización del Sistema Carcelario y Socioeducativo de Mato Grosso (GMT-MT), el juez Geraldo Fidelis, la Oficina Social parte de la premisa de que es necesario enfocarse en la resocialización de personas privadas de libertad de forma digna, para interrumpir ciclos de violencia.
“Nuestra idea ahora es mejorar la Oficina Social de la capital y ampliarla a otros municipios que tienen interés. Así pues, la tendencia ahora es interiorizar las acciones con calidad”, declara. En Mato Grosso, la Oficina Social está presente en Cuiabá, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Mirassol y Cáceres.
Sobre el programa Haciendo Justicia
La Oficina Social es parte del programa Haciendo Justicia, resultado de una alianza entre el Consejo Nacional de Justicia del Brasil (CNJ) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que apoya la reinserción social de expresos.
El público objetivo del programa incluye actores del sistema de justicia penal, cerca de 800.000 personas en el sistema penitenciario y 140.000 adolescentes en el sistema de menores. El programa se alinea con muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente el Objetivo 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.